El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas manifestó su preocupación al Estado argentino frente al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad pública y los agentes privados sobre quienes se organizan para reclamar derechos sociales y exigió que se investiguen de manera urgente todos los abusos cometidos.
En su evaluación sobre la situación de los derechos sociales en nuestro país, el organismo también se refirió específicamente a las persistentes amenazas, desalojos y desplazamientos violentos de los que son víctimas las comunidades indígenas como consecuencia de proyectos de explotación de los recursos naturales sobre los territorios tradicionales. La falta de consulta previa y la inexistencia de mecanismos para reconocer la titularidad comunitaria sobre los territorios son asuntos que requieren medidas urgentes para resolver desigualdades históricas de estos grupos.
Por su parte, el Comité vinculó el contraste entre crecimiento económico y el persistente déficit habitacional en las zonas urbanas con la especulación del mercado inmobiliario, la falta de regulación del suelo, la insuficiencia de las políticas públicas habitacionales y los procesos de desalojo que se apartan de los estándares internacionales aplicables.
Además, el documento señala la preocupación del Comité por el significativo número de trabajadores que se desempeñan en la economía informal y los tercerizados que perciben menores ingresos salariales que los contemplados en la regulación local y no pueden acceder a la seguridad social. A la vez cuestionó las exclusiones de grupos vulnerables de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, como los hijos de los migrantes y de las personas privadas de libertad. (Continúa >>)
Con respecto a las altas tasas de embarazo adolescente y de mortalidad materna derivadas de abortos inseguros, el organismo recomendó la adopción de medidas adecuadas para disminuir los riesgos pre y post aborto, como el acceso a instalaciones, suministros y servicios necesarios.
El Comité tampoco pasó por alto los cuestionamientos a la producción de datos estadísticos y su accesibilidad y señaló que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del INDEC recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas.
Para la elaboración de estas observaciones, el Comité tomó en cuenta las preocupaciones que el CELS y un grupo de organizaciones presentaron el 14 de noviembre pasado sobre la situación de los derechos sociales en la Argentina. A pesar de las críticas realizadas por el organismo, el documento contempla los importantes avances que se han producido en el país desde su anterior evaluación, realizada en 1999, cuando recomendó al Estado la adopción de medidas urgentes para desactivar decisiones que profundizaron la desigualdad social y que desembocarían en la crisis social y de representación del año 2001. Aquellas observaciones fueron analizadas y citadas por funcionarios públicos, legisladores y jueces en la reconstrucción del tejido social desde el año 2003. El CELS entiende que las consideraciones realizadas en esta oportunidad&nb sp; constituyen para el Estado una guía de actuación ineludible hacia la reducción de los acentuados contrastes en materia de reconocimiento de derechos de los sectores más postergados que aún persisten.
El gobierno argentino ha demostrado su interés y compromiso frente a las evaluaciones que efectúan los diferentes órganos de Naciones Unidas sobre sus políticas. En el transcurso del año 2011, tanto la Relatora para el derecho a la vivienda, como el Relator para los pueblos indígenas, han realizado visitas de supervisión a nuestro país. En noviembre, el Estado reafirmó su compromiso ante el Sistema Internacional al ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta decisión constituyó un paso fundamental para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina y en el mundo, ya que estableció la posibilidad de que personas o grupos envíen comunicaciones al organismo ante situaciones que consideran que afectan sus derechos sociales.
Adjuntamos las observaciones del Comité de DESC de la ONU del 2 de diciembre de2011, disponibles en inglés. Haga clic aquí para acceder al resumen ejecutivo del informe alternativo elaborado por el CELS y otras 14 organizaciones de la sociedad civil.
Centro de Estudios Legales y Sociales
web@cels.org.ar
www.cels.org.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario